Patricio Guzmán S.
La contrarreforma del gobierno de Michel Temer en Brasil
Según los datos que maneja el Gobierno, el sistema de pensiones genera unos gastos crecientes: en 1997 suponía el 0,3 del Producto Interno Bruto (PIB) y en 2017 se estima que absorba 2,7%, lo que equivale a unos 181.200 millones de reales (más de 57.500 millones de dólares).
La principal modificación fue establecer una edad mínima mayor para la jubilación, ya que hasta ahora los brasileños podían dejar de trabajar entre los 55 y los 60 años.
Temer propuso elevar ese mínimo hasta los 65 años, tanto para hombres como para mujeres, pero ante el alud de críticas aceptó hacer algunos cambios: las mujeres podrán jubilarse a los 62 años, en reconocimiento de que la mayoría de la población económicamente activa femenina soporta la doble jornada de asumir tareas domésticas.
Por otra parte, la propuesta gubernamental cambia la mayoría de reglas para cobrar la pensión por jubilación: a partir de ahora el tiempo mínimo de contribución al sistema pasa de 15 a 25 años y los trabajadores que quieran cobrar la pensión completa tendrá que haber cotizado durante 40 años, sin interrupciones, aunque la propuesta inicial era de 49 años.
Los hombres brasileños que trabajan en el campo podrán jubilarse a los 60 años, y a los 57 años las mujeres, siempre que hayan contribuido al sistema durante al menos 15 años.[1]
La reforma, que necesita una modificación constitucional ha quedado aplazada hasta el año próximo, debido a que el gobierno no tiene los 308 votos necesarios en la Cámara de Diputados para sacarla adelante.[2]
La reforma del gobierno de Mauricio Macri en Argentina
El gobierno impulsó un nuevo método de cálculo de reajuste que comenzará a aplicarse a mitad de año.
Se modifica la fórmula de ajuste de las jubilaciones. En lugar de un ajuste semestral basado en un 50% en la evolución de los salarios y en un 50% en la de la recaudación, se pasará a un esquema de ajuste trimestral que tomará en cuenta en un 70% la inflación y en un 30% la suba de los salarios formales. La nueva fórmula, que se aplicará cada tres meses a partir de marzo, no contempla la inflación del último trimestre de este año. El gobierno otorgará un bono compensador en marzo que alcanzará a 10 millones de retirados.
El objetivo básico es “ahorrar” gasto público, la nueva fórmula reduce el gasto previsional del 2018. La modificación en la fórmula de pago significará para Macri un ahorro de 100.000 millones de pesos (US$5.705 millones).
El “ahorro” equivale al 0,6% del Producto Bruto Interno, lo que cubre buena parte de la meta oficial del gobierno Macri de reducción del déficit fiscal primario desde 4,2 puntos del PBI este año a 3,2% en 2018.[3]
EN AMÉRICA LATINA LA SEGURIDAD SOCIAL ESTÁ EN EL CENTRO DE LOS CONFLICTOS SOCIALES.
En 2007 y 2008 América experimento fuertemente el impacto de la crisis financiera global que se transformó en recesión mundial, sin embargo mientras la recesión y el bajo crecimiento se instalaba persistentemente en las economías más desarrolladas, América Latina se recuperó con rapidez aupada por los buenos precios de los commodities, que a su vez fueron impulsados por la gran demanda de China, que recuperó su crecimiento.
No obstante, desde la caída generalizada de los precios de los commodities en los últimos años el crecimiento en el continente nuevamente se vio reducido, y algunos países como Brasil incluso entraron en recesión. Entretanto los precios se han recuperado parcialmente.
Pero la receta monetarista que han adoptado las elites ante el bajo crecimientos es conocida, reducir el gasto social, liberalizar sus economías y privatizar la propiedad pública. Es lo que hicieron en los 80 y 90, y es lo que tratan de hacer nuevamente en Argentina y Brasil. Pero para llevar a cabo sus ataques sociales con éxito deberán romper la resistencia de los trabajadores organizados.
Paralelamente en países como en Chile donde más lejos se llegó con la privatización de la previsión y parcialmente de la salud, ante la constatación práctica de los pésimos resultados para la gente común como resultado de la destrucción de la Seguridad Social, aumenta el descontento y la movilización social para recuperar los derechos sociales arrebatados
La Seguridad Social fue creada para garantizar atención de salud, e ingresos suficientes cuando las personas no tienen la posibilidad de generar ingresos autónomos suficientes por causas de salud o edad. La Seguridad Social está en el corazón del tipo de sociedad sin pobreza o serias carencias a la que aspiran los sindicatos y otras organizaciones sociales populares. Se trata de una suerte de bien común básico en una sociedad contemporánea, basada en el principio de la solidaridad y la reciprocidad, y por lo mismo es incompatible con la lógica del lucro y el beneficio privado a toda costa.
En América Latina la Seguridad Social está en el centro de los conflictos sociales. Actualmente y en los próximos años se va a librar una batalla social que va a decidir el tipo de mundo y sociedad en la que van a vivir nuestra generación y las próximas. La batalla por mantener y recuperar primero y ampliar luego los derechos sociales básicos. Nuestro mundo es capaz de generar suficiente riqueza para distribuirla equitativamente de manera de vivir una vida buenas con minimos razonables asegurados para todos y todas, y la clave es mantener, recuperar y ampliar la Seguridad Social.
[1] ¿En qué consiste la reforma de las pensiones que Temer quiere aplicar en Brasil? sputniknews.com 27.04.2017 https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201704271068707545-brasil-reforma-de-pensiones/
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